3 marzo 2021

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El grupo de trabajo de la jurisdicción del Reino Unido confirmó en una declaración de Sir Geoffrey Vos que los criptoactivos serán reconocidos como bienes comerciables mientras que los contratos inteligentes son ejecutables según la legislación inglesa.

En los últimos meses, los activos digitales y los criptomonedas han sido objeto de acalorados debates. Algunos gobiernos y organismos de control están elaborando leyes que pueden permitir que se incorporen a la corriente principal, mientras que otros todavía dudan. En lo que parece ser un gran avance en la naciente industria de la criptografía en el Reino Unido, se publicó una declaración legal histórica.

La declaración fue hecha por el Canciller del Tribunal Superior, Sir Geoffrey Vos. Confirmó que los criptoactivos se reconocerán como bienes comercializables, mientras que los contratos inteligentes son ejecutables en virtud de la legislación inglesa. Los abogados creen que este reconocimiento tiene el potencial de hacer que el uso de criptomonedas se convierta en una corriente dominante.

Recientemente, la Jurisdiction “Taskforce of the Lawtech Delivery Panel” del Reino Unido publicó una declaración legal que aborda la inseguridad jurídica de los activos digitales y los contratos inteligentes. Acogiendo con beneplácito la “declaración legal” publicada el 17 de noviembre, los abogados están convencidos de que es el primer paso para obtener un estatus legal completo. Geoffrey Vos expresó su satisfacción por la claridad dada a los activos digitales diciendo:

“En términos legales, los activos criptográficos y los contratos inteligentes representan sin duda el futuro. Espero que la Declaración Jurídica contribuya en gran medida a proporcionar la tan necesaria confianza del mercado, la seguridad jurídica y la previsibilidad. Afectará áreas que son de gran importancia para las comunidades tecnológicas y legales, y para la industria global de servicios financieros”.

Los contratos inteligentes son útiles para la creación de métodos más seguros y eficientes de implementación de contratos entre las partes. Se prevé que el mercado mundial de contratos inteligentes alcanzará los 300 millones de dólares en 2023. Además, el Foro Económico Mundial predice que el 10% del PIB mundial funcionará en la red de cadenas de bloques para 2027.

El Proceso
Algunos individuos han alegado que la declaración legal podría ayudar en gran medida a los clientes de activos digitales. Esto, a su vez, también aumentará la confianza en los inversores de la industria británica. En la actualidad, la demanda de criptógrafos ya está en su punto álgido, sin la vacilación que provocó el mercado alcista de 2017.

Sam Goodman, David Quest QC, Lawrence Akka QC y Matthew Lavy redactaron la declaración legal. Obtuvieron el apoyo de Linklaters LLP, miembros de la UKJT, y varios encuestados. Los encuestados procedían de una consulta pública en la que participaron académicos, empresas y el sector jurídico en general.

Según el informe, los criptoactivos estaban formados por todos los indicios de propiedad. En la declaración se afirmaba además que las propiedades distintivas de todos los demás activos digitales, a pesar de su intangibilidad, el uso de una tecnología de libro mayor distribuido (DLT) no invalidaba su alegación de que se los clasificaba como bienes.

Expectativas
Esta declaración ofrecerá una base firme para la adopción generalizada de activos criptográficos y contratos inteligentes en el Reino Unido. Esto potencialmente dará un impulso a las empresas que trabajan en la industria de criptocurrency. Según el grupo de trabajo, hay una enorme importancia potencial de los contratos inteligentes. El comunicado de prensa decía:

“Los contratos inteligentes pueden utilizarse para crear formas más seguras y eficientes de implementar (y automatizar el desempeño de) los contratos entre las partes. Esto podría revolucionar los acuerdos, desde las hipotecas y la investigación médica hasta la propiedad, ya que los contratos inteligentes ejecutan automáticamente las transacciones y eliminan la necesidad de un intermediario”.

La declaración se finalizó una vez que se realizaron consultas con la “comunidad tecnológica” y el sector financiero. También participaron reguladores y expertos jurídicos. En el futuro, la Comisión Jurídica determinará si alguna regulación o legislación puede ser “deseable” en el sector.